Regla del noqueo

La mayoría de ellos han sido firmados por empresas como Southern Perú, Yanacocha, Antamina y Chinalco, cuatro de las mayores empresas mineras de la región. Estas cuatro empresas son las que aún hoy tienen el mayor número de contratos.

Los contratos afectan a la capacidad de la Policía de ser imparcial e independiente, ya que favorecen los intereses de las empresas, poniendo en peligro a las comunidades indígenas que viven en las zonas donde se desarrollan estos proyectos.

Los contratos están pensados para proteger los intereses económicos de las empresas extractivas, no para servir al pueblo de Perú. El uso de la fuerza policial, tal como se establece en estos acuerdos, contradice el propósito real de una fuerza policial nacional, tal como se establece en los principios de un estado de derecho.

Es necesario señalar que existen diversas políticas, normas y leyes en la legislatura peruana que favorecen a las empresas extractivas. Esto entra en conflicto directo con las obligaciones y normas internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos que redactan este informe exigen que el Estado peruano anule estos contratos firmados por la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, como parte de su compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos y territoriales.

Luis Rodríguez | Seminario sobre informalidad, urbanismo y derecho en Perú

ACUERDAN que no se otorgan a los inversionistas extranjeros mayores derechos sustantivos con respecto a las protecciones de la inversión que a los inversionistas nacionales bajo la legislación nacional cuando, como en Estados Unidos, las protecciones de los derechos de los inversionistas bajo la legislación nacional igualan o exceden las establecidas en este Tratado;

inversión cubierta significa, con respecto a una Parte, una inversión, tal como se define en el Artículo 10.28 (Definiciones), en su territorio de un inversionista de otra Parte existente a la fecha de entrada en vigor de este Tratado o establecida, adquirida o ampliada posteriormente;

derecho de aduana incluye cualquier derecho de aduana o de importación y un cargo de cualquier tipo impuesto en relación con la importación de un bien, incluyendo cualquier forma de sobretasa o recargo en relación con dicha importación, pero no incluye ningún

(a) un cargo equivalente a un impuesto interno impuesto de conformidad con el Artículo III:2 del GATT 1994, con respecto a bienes similares, directamente competidores o sustituibles de la Parte, o con respecto a bienes a partir de los cuales el bien importado haya sido fabricado o producido total o parcialmente;

¿Qué hay de nuevo en los contratos de trabajo? Lo que

cubre cuestiones comunes en las leyes y reglamentos de arbitraje internacional – incluyendo los acuerdos de arbitraje, la legislación aplicable, las normas de elección de la ley, la selección del tribunal de arbitraje, las medidas preliminares y las medidas cautelares.

Otro punto a tener en cuenta es que un acuerdo de arbitraje es válido si refleja expresa e inequívocamente la intención de las partes de someter la disputa a arbitraje.    Sin embargo, a este requisito no le sigue la afirmación “bajo sanción de nulidad”, a diferencia de lo establecido por el artículo 10 de la derogada Ley General de Arbitraje Nº 26572.

De esta manera, cuando se establece el seguimiento de una determinada formalidad, pero, a su vez, el no seguimiento no es sancionado con nulidad, estaremos en presencia de un acto (ad probationem).    De acuerdo con la normativa general, se puede sostener entonces que el convenio arbitral escrito es un acto (ad probationem) y no ad solemnitatem.

En ese sentido, como señalan los principales estudiosos peruanos, un convenio arbitral que no haya sido formalizado por escrito no estaría viciado de nulidad, pero sí podría presentar serios inconvenientes.    Sin embargo, como lo verdaderamente relevante es la voluntad de las partes, el hecho de que el convenio arbitral sea o no escrito tendrá poca importancia.

CO5119 Tema 7 – Modificación legal de los contratos

Sin embargo, se plantearon muchas dudas sobre la capacidad de los medios electrónicos para expresar la manifestación de voluntad de celebrar un contrato (oferta y aceptación) y ser suficientes para cumplir con algunos casos especiales en los que la ley pide formalidad (como una escritura pública) para ejecutar un contrato. Afortunadamente, la Ley N° 27291, publicada el 24 de junio de 2000, modificó el artículo 141 del Código Civil, disponiendo que la manifestación de voluntad puede ser expresada por medios electrónicos y que dicho medio sería suficiente para cumplir con las formalidades exigidas por la ley para la formación de algunos contratos.

Asimismo, dicha ley modificó el artículo 1374 del Código Civil, que establece la regla para la formación de los contratos. A diferencia de la regla del envío americano o regla del buzón, el artículo 1374 establece una regla de recepción, según la cual el contrato sólo se forma cuando el oferente recibe la notificación de la aceptación. Según esta norma, el conocimiento de la aceptación se presume con su recepción. La Ley N° 27291 modificó esta regla añadiendo que si las comunicaciones se realizaban por medios electrónicos, se presumiría la recepción de la comunicación contractual (oferta, aceptación, contraoferta, etc.) cuando el remitente reciba la correspondiente confirmación o acuse de recibo (“acuse de recibo”). Hay que tener en cuenta que esta regla es sólo una presunción. Como se ha indicado anteriormente, se formará un contrato en cuanto el oferente reciba la aceptación del destinatario. En consecuencia, si es posible, los contratos electrónicos pueden probarse por otros medios, sin exigir el acuse de recibo.