TROPICO 6 ESTÁ ROTO

La lucha contra la corrupción ha sido objeto de muchos esfuerzos y diferentes leyes a lo largo de la historia de Venezuela. En particular, la primera ley especial en la materia fue promulgada en 1982 (Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público).1 Anteriormente la corrupción era castigada por las disposiciones pertinentes de los diferentes Códigos Penales vigentes desde el siglo XIX.

De hecho, la corrupción es un delito penal en la legislación venezolana. Actualmente la legislación anticorrupción está contenida en la Ley contra la Corrupción.2 Hay varias disposiciones de la Ley contra la Corrupción que establecen delitos que caen bajo el significado común de corrupción.

Inducción a dar o prometer beneficios3: Este delito se comete cuando un funcionario público, abusando de sus funciones, induce a alguien a dar o prometer, para sí o para otra persona, una suma de dinero o cualquier otro beneficio o regalo indebido.

Corrupción pasiva impropia4: Este delito se comete cuando un funcionario público que, por un determinado acto relacionado con sus funciones, recibe o acepta una promesa, para sí o para otros, de retribución u otros beneficios que no le corresponden. La persona que da o promete la retribución o el beneficio también estará sujeta a responsabilidad penal.

Simón Díaz – Tonada del Cabestrero (1963)

CONSCIENTES de la necesidad de acelerar el proceso de integración caribeña y latinoamericana y de la importancia que las Partes otorgan a los distintos procesos de integración subregional, como medio para lograr una mayor competitividad internacional de la Región y facilitar su pleno desarrollo;

CONSIDERANDO la conveniencia de formular lineamientos claros y precisos que permitan a sus diferentes entes económicos una mayor participación en el desarrollo económico de Venezuela y de los Estados Miembros de la CARICOM;

CONSIDERANDO los derechos y obligaciones de los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en virtud del Tratado Constitutivo de la Comunidad del Caribe y los derechos y obligaciones de Venezuela en el Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino) y en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), así como los derechos y obligaciones de Venezuela y de los Estados Miembros de la Comunidad del Caribe que son parte del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT);

1. El Consejo Conjunto CARICOM/Venezuela sobre Comercio e Inversión (El Consejo Conjunto) establecido por los Principios para un Acuerdo Multilateral entre Venezuela y CARICOM será responsable de la administración de este Acuerdo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne

Todos los grupos sociales están de acuerdo con la ciudadanía y aceptan el Estado-nación como legítimo. El acceso a la ciudadanía es sencillo y sin discriminación. Sin embargo, en 2020, el Consejo Electoral privó a los pueblos indígenas, alrededor del 3% de la población, de sus derechos plenos de ciudadanía al sustituir el voto directo, secreto y universal, consagrado por la Constitución, por un proceso de sufragio de segundo grado basado en la votación a mano alzada. Aunque no hay una negación sistemática de la ciudadanía en el plano formal, la fusión de nación y chavismo en una especie de religión civil equivale a la negación de la ciudadanía para los disidentes, al menos en el plano retórico.

Dada la absoluta concentración de poder en la presidencia y en la élite partidista y militar, los representantes elegidos carecen de poder efectivo para gobernar. Esto es cierto para los poderes judicial, legislativo, electoral y popular, y para las autoridades regionales y locales. Antes de las elecciones parlamentarias, Maduro anunció que se proponía hacer aprobar una Ley de Parlamento Comunal Nacional, creando un organismo basado en la estructura de las comunas no elegidas. Este organismo estaría dominado por el partido de gobierno, por lo que sería un buen instrumento para mantener a raya a la Asamblea Nacional, a pesar de que el partido de gobierno tiene una abrumadora mayoría del 90% de los escaños.

Perspectivas del mercado de #notas comerciales con Mike Jimenez

Desde 2009, Saab explotó sus vínculos corruptos con personas del régimen de Maduro, pagando frecuentemente sobornos y comisiones a funcionarios del Gobierno de Venezuela, para ganar contratos gubernamentales sobrevalorados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido), crearon una empresa en 2009 para licitar un contrato de viviendas del Gobierno de Venezuela. Tras un año de cabildeo, el Gobierno de Venezuela adjudicó un contrato de vivienda a la empresa de Saab y Pulido para construir 25.000 casas en Venezuela; el contrato pagaba a Saab y Pulido entre tres y cuatro veces el coste real de la construcción de cada vivienda de bajo coste, que estaban destinadas a las poblaciones más vulnerables de Venezuela. SAAB SE REÚNE CON “LOS CHAMOS”