Mercado único
Estructural. Muchos programas gubernamentales tienen una relación de proveedor único con los fabricantes, por lo que hay menos oportunidades de cambiar de proveedor. Además, las administraciones públicas emplean menos personal de contratación y los requisitos de los procesos son más complejos que los de la industria, lo que hace que los ciclos de adjudicación sean más largos y que haya que involucrar a más partes interesadas.
Política. Los plazos de los contratos suelen depender de factores ajenos al control del departamento, como los plazos legislativos, la rotación de los cargos políticos o los cambios de prioridades. Esto se alinea
Aunque los departamentos de compras del sector público tienen contextos y retos únicos y específicos, es posible aplicar prácticas del sector privado para mejorar los procesos, orientar la toma de decisiones y ayudar a crear habilidades y capacidades de negociación dentro del departamento. Esto, a su vez, puede dar lugar a reducciones de costes, mejores resultados de negociación y una contratación más rápida.
A pesar de las diferencias entre los sectores público y privado, nuestra experiencia demuestra que hay diez prácticas estratégicas del sector privado que tienen un atractivo, un valor y una viabilidad transversales en la contratación del sector público. Por sí solas proporcionan mejoras, pero juntas tienen el mayor impacto, ayudando a garantizar el valor para los departamentos, las agencias y los contribuyentes.
Umbrales de la UE 2022
La contratación es uno de los procedimientos más utilizados para el trabajo de la Administración y para proporcionar todo tipo de bienes y servicios a los ciudadanos. Entre otros, se contratan bienes básicos (medicamentos, alimentos, materiales…), servicios (limpieza, seguridad, mantenimiento…), construcciones (hospitales, carreteras, colegios, puertos…), gestión de servicios públicos (transporte escolar, residencias de ancianos, telecomunicaciones…). Más del 50% del dinero de los contratos se adjudica mediante procedimientos abiertos. También hay acuerdos marco, acuerdos negociados y otros procedimientos.
Tener información pública sobre quién contrata, qué, cómo y a quién se contrata, y el coste de los contratos es un derecho de los ciudadanos, así como un requisito para la confianza en la gestión de la Administración y un arma para evitar la corrupción.
Contratación pública de la UE
La contratación en el sector público se ha convertido en objeto de un ámbito jurídico propio: Las directivas de la UE, la ley alemana de defensa de la competencia (GWB), numerosas normas de contratación que rigen los contratos públicos y condiciones contractuales especiales (por ejemplo, EVB-IT y BVB) definen el marco que regula las actividades del sector público en el proceso de contratación. Los numerosos requisitos formales y los plazos de exclusión pueden resultar desalentadores tanto para quienes solicitan las ofertas como para quienes las presentan. En un proceso de licitación en curso, esto requiere una aclaración rápida y realista.
Proporcionamos un asesoramiento exhaustivo y práctico durante los procedimientos de contratación, especialmente en el sector de las tecnologías de la información. Estamos familiarizados con ambas partes, ya que asesoramos tanto a grandes y medianas empresas como licitadores como a organizaciones del sector público como operadores de la contratación. Nuestros servicios comprenden no sólo los argumentos contenciosos durante los procedimientos de reclamación y revisión, sino también el asesoramiento “colateral”. Por ejemplo, apoyamos a los licitadores en la elaboración de ofertas que cumplan con la ley de contratación pública y a los operadores de la contratación en la redacción de los documentos de licitación, en la selección de los tipos de procedimiento con el razonamiento para esta selección, en la redacción de las condiciones contractuales adecuadas y en la ejecución del procedimiento de adjudicación general.
Contratos públicos
El requisito primordial de la política de contratación pública es que todos los contratos públicos deben basarse en la relación calidad-precio, definida como “la mejor combinación de calidad y eficacia por el menor desembolso durante el periodo de utilización de los bienes o servicios adquiridos”. Esto debe lograrse a través de la competencia, a menos que haya razones de peso para lo contrario.
Además de estos principios fundamentales del Tratado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido algunos principios jurídicos generales. Los más importantes de estos principios generales del derecho que debe conocer en el contexto de la contratación pública son:
Desde los años setenta, la UE ha adoptado normas para garantizar que el mercado de la contratación pública de la UE sea abierto y competitivo y que los proveedores reciban un trato equitativo y justo. Las normas abarcan aspectos como la publicidad de los contratos, los procedimientos de evaluación de las credenciales de las empresas, la adjudicación de los contratos y los recursos (sanciones) cuando se incumplen estas normas.
Las normas de la UE se recogen en una serie de directivas que se actualizan periódicamente. Los Estados miembros tienen que elaborar legislación nacional (reglamentos) para aplicar las normas de la UE en la legislación nacional dentro de determinados plazos. La última actualización de las directivas de contratación pública de la UE se produjo en abril de 2014. Esta actualización fue el resultado de una exitosa campaña de presión por parte del gobierno del Reino Unido y de nuestros socios de la UE para negociar un régimen de normas de contratación más simple y flexible. Los Estados miembros disponían entonces de dos años para incorporarlas a su legislación nacional, es decir, antes de abril de 2016.